La reforma a la elección del Procurador General de la Nación: entre presiones propias y ajenas.
Por Maximiliano Peluso
El viernes pasado se aprobó en el Senado la media sanción al proyecto de reforma a la ley para elección del Procurador General de la Nación (el jefe de los fiscales), y se abre un nuevo capítulo sobre la cuestión.
El dilema del Presidente es decidir si envía esta iniciativa a diputados en sesiones extraordinarias, dado que ya no hay tiempo parlamentario para que se trate en sesiones ordinarias. Pero la cosa no es tan fácil, si lo envía sabe que va a tener que confrontar con la resistencia de varios fiscales y de la oposición, pero si no lo envía, la discusión tanto con Cristina, como con el cristinismo, podría endurecerse.
Cabe recordar que la semana pasada unos 80 fiscales enviaron una nota al senado en dónde objetaron las modificaciones propuestas. Aclarando, además, que si el proyecto se convierte en ley van a judicializarlo.
El meollo de la cuestión es que, desde la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados, coinciden en que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano que no depende ni del Poder Ejecutivo ni del Judicial, pero que la reforma introduciría demasiada injerencia de la política en general y del oficialismo en particular, dándole demasiadas atribuciones a la intromisión del gobierno (sea este o cualquiera) excediendo lo previsto por la propia Constitución.
Entre los puntos más salientes del proyecto, y que son los que provocan mayor revuelto está la forma de designación del Procurador, que pasaría de ser necesario dos tercios de los votos del Senado a una mayoría simple. También cambia el tiempo de duración en el cargo. Actualmente es vitalicio, y se pasaría a un mandato de 5 años, renovable por otro período.
Pero lo que provoca más críticas es lo referido al Tribunal de Enjuiciamiento – que juzga a los fiscales por mal desempeño – que si bien mantiene el número de integrantes, cambiaría la configuración del mismo. Actualmente el Tribunal está compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales.
Con la nueva ley estaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, tres de la comisión bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Esto haría que la política esté representada en 4 de sus siete miembros, tres de los cuáles pertenecerían al oficialismo.
El dilema de Alberto es entonces decidir si está dispuesto a dar la batalla en los dos frentes para sacar adelante una iniciativa por la que se apostó fuerte y no puede haber un retroceso que ponga nuevamente en juego a la oposición.
