La Comisión Nacional de Justicia y Paz criticó las iniciativas presentadas por el presidente Javier Milei.
Por Lucas Schaerer
La Comisión Nacional de Justicia y Paz, uno de los organismos de los obispos católicos, cuestionó los proyectos del presidente Milei por “contrariar la Constitución y tratados internacionales”. Entre los firmantes está el sobrino del Papa Francisco y el hermano de la filósofa que más influyó en Jorge Bergoglio.
La iglesia católica es integrada por todos los bautizados pero la administración y conducción del clero como los laicos activos tiene una centralidad nacional en los obispos, responsables de un territorio llamado diócesis similar a una intendencia o gobernación para el Estado. Entonces, la Comisión Nacional Justicia y Paz es justamente uno de los organismos integrados por los creyentes practicantes que dependen de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en este caso puntualmente la responsabilidad de pastorearlos corre por cuenta el obispo de Lomas de Zamora y titular de la Pastoral Social Nacional, el jesuita Jorge Lugones.
El organismo eclesial llamado Paz y Justicia, que dirige en la diaria Humberto Podetti abogado y hermano de Amelia la filósofa que más influyó en el Papa Francisco, redactó y difundió un comunicado con críticas punzantes al DNU y la llamada ley de ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. “Las modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”, aseguraron los laicos de Paz y Justicia, entre ellos Pablo Narvaja, sobrino de Jorge Mario Bergoglio.
“El DNU 70/2023 modifica un conjunto de leyes oportunamente sancionadas por el Poder Legislativo tanto en materia económica, en las relaciones laborales y del sistema jubilatorio, en contratos entre particulares, privatización de empresas del Estado Nacional, así como normas de protección del consumo interno, entre otras de las 70 temáticas alcanzadas”, también cuestionan que derogue la ley de Tierras “que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros, situación que está profundamente relacionada con la problemática territorial de los pueblos indígenas, ya que puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos -tal cual señalara ENDEPA- así como amenazar principios de soberanía territorial”.
Desde este organismo católico integrado por laicos que depende directamente del obispo Lugones critican que el decreto entró en vigencia “aun cuando no se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad exigida por el artículo 99, inciso 3° la Constitución Nacional, que prohíbe ‘bajo pena de nulidad absoluta e insanable’, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo”.
El salteño José Urtubey, que integró la Unión Industrial Argentina, siendo accionista del grupo forestal Tapebicuá, de la papelera Celulosa Argentina y hermano del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, es otro de los integrantes de la Comisión Nacional Paz y Justicia que comparte debates de fe y políticos con otro miembro totalmente en sus antípodas sociales como es Alberto Vicenzi miembro del Sindicato de Ladrilleros y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Ellos también consensuaron un documento, con aval del obispo jesuita Lugones, que ve en la llamada ley de ómnibus una delegación de facultades legislativas al PEN que “de aprobarse, se configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República por la afectación del principio fundamental de la división de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.
Además desde Paz y Justicia cuestionan que el proyecto privatice “todas las empresas públicas; modifica las leyes de Defensa de la Competencia, el Código Penal, el Código Civil y Comercial y las leyes de procedimiento administrativo y de sociedades; deroga la movilidad jubilatoria; establece un flexible y amplio blanqueo de capitales; determina una apertura irrestricta de exportación de productos primarios; modifica el régimen de explotación de hidrocarburos, de protección de la tierra y los recursos naturales, deroga la estabilidad de los empleados públicos; modifica la ley de partidos políticos y el régimen electoral, modifica el régimen de discapacidad, solo por citar algunas de las normas alcanzadas en sus 664 artículos”.
Fuente: C5N
