El gobierno de Javier Milei oficializó la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.
Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.
Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.
En el ejercicio de sus cargos, “el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente”, según se sostiene en el articulado de la norma.
Los interventores deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo”.
Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de “modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva”, según se establece en el articulado de la norma.
FATPREN se anunció en contra de la intervención de los medios públicos
Luego de que el presidente Javier Milei dispuso la intervención de los medios públicos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) realizó un comunicado en rechazo de esta intervención ya que consideran que viola la legislación vigente y pasa por arriba del Congreso de la Nación.
Las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quita todo rol rompiendo el orden democrático de las entidades.
“Los medios públicos tienen su propia estructura de conducción, establecida por las leyes que los crearon y, en especial, un control democrático a través del Parlamento y del público” expresaron desde el sindicato de prensa.
“De manera absolutamente autoritaria, mediante el Decreto 117/24, publicado en el día de la fecha, el Poder Ejecutivo arrasa con ello y nombra a un interventor y un interventor adjunto que desplazan los directorios de RTA S.E., TELAM S.E., EDUC.AR S.E. y CONTENIDOS PÚBLICOS S.E. pretendiendo asumir todas las facultades establecidas por sus respectivos estatutos”, continuo el comunicado.
Desde el sindicato plantea que con esta medida es clara la intención privatizadora de los medios públicos por parte del gobierno nacional para hacer un negocio con ellos funcional a los sectores privados de la comunicación.
Además, solicitaron a la justicia que actúe de manera urgente ante el recurso de amparo que enviaron para no dar lugar a esta intervención.
