Enfrentó a la dictadura militar, en el corazón industrial de Argentina, y por primera vez se lo reivindicó en la Catedral Primada. Un fiscal pide indagatoria al grupo de tarea implicado en su muerte.
Por Lucas Schaerer
Mártir significa testigo. Horacio Carlos Ponce de León es un testigo molesto para los verdugos del Terrorismo de Estado y también para algunos obispos del pasado y en la actualidad. Su fidelidad al Evangelio, vía el Concilio Vaticano II, lo llevó a poner el cuerpo por el santo pueblo fiel de Dios: trabajadores, pobres, estudiantes, religiosas, curas, dirigentes políticos, etc.
El martirio es un reconocimiento que la iglesia católica otorga a la persona que ofrenda su vida imitando a Jesucristo: Se reparte, se hace eucaristía, para la salvación de otras vidas.
A 47 años de la muerte se realizó por primera vez una misa en la Catedral Primada de la Argentina.
Frente a Plaza de Mayo, donde dos días atrás estuvo el presidente Javier Milei y su equipo en el Te Deum del 9 de julio, fue el histórico monseñor de la Curia porteña y provicario (tercero en el organigrama de la arquidiócesis porteña), Joaquín Sucunza, quien celebró este jueves la misa en el día de su martirio.
Un cuadro con la foto de Ponce de León, a los pies del atrio, fue donde predicó monseñor Sucunza sin lectura de un texto: “Era un sacerdote de nuestra diócesis, que luego fue obispo en Salta y en San Nicolas. Poco tiempo después de la muerte de monseñor Angelelli vino la muerte de Ponce. Con formas semejantes, en ambos no fue muerte casual según la justicia sino provocada, vamos a pedir para que la justicia llegue a un veredicto final con Ponce. Lo importante para nosotros es recordarlo, rezar por él y que él interceda por nosotros ante el Padre Dios”.
En el día del Santo San Benito de Abad se celebró la fecha del asesinato de Ponce de León y “por él le pedimos que bendiga a la diócesis y a todos nosotros, porque él era de esta familia, principalmente en la iglesia El Carmen de Urquiza y la parroquia Santa Rosa de Lima sobre avenida Belgrano y Pasco. Nuestra oración de hoy para que interceda por nosotros y en la vida cotidiana que vayamos y entreguemos nuestra vida”.
Sucunza ya había dado una misa por el obispo mártir. Esa celebración del obispo auxiliar porteño, y segundo de Jorge Mario Bergoglio durante veinte años, fue el 11 de julio del año pasado en la ermita del kilómetro 211, de la ruta nacional 9, en la ciudad de Ramallo, donde el vehículo de Ponce de León chocó a una camioneta, que por un perito en accidentología, se pudo comprobar que la camioneta F-100 que impactó al obispo no estaba transitando por el lugar, sino que se encontraba detenida, y que luego cruzó de forma transversal y que no estaba tripulada al momento del impacto. Otro de los peritajes determinantes ha sido un examen antropológico del cadáver de Ponce, que demostró la ausencia de “fractura y hundimiento de cráneo”.
En el feriado nacional por el Día de la Independencia, la cúpula política y administrativa de la iglesia, la comisión ejecutiva, la “mesa chica” de la CEA, informó a casi el centenar de monseñores de todo el país que se confirmó “el inicio de una nueva investigación para dilucidar la muerte del recordado Obispo de San Nicolás de los Arroyos” y cierra el texto, al que adjunta la resolución de Casación Penal, diciendo que “cercana la fecha de la muerte de nuestro hermano en el Episcopado elevamos a Dios una oración por su eterno descanso y deseamos que la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido el 11 de julio de 1977”.
La indagatoria del fiscal Di Lello
Este miércoles 10, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, pidió por una resolución de 83 páginas al juez federal subrogante, Marcelo Bailaque, que autorice la declaración “indagatoria de tres exmilitares y de dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado de Ponce de León y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Víctor Oscar Martínez en el marco de un suceso que pretendió presentarse públicamente como un incidente vial”.
Di Lello recordó que, al validar la hipótesis del atentado por la Cámara Federal de Rosario indicó que “no es posible soslayar que el obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos del gobierno de facto que regía en el país entre 1976/1983”.
En ese marco, el representante del Ministerio Público Fiscal formuló la imputación a los cinco acusados teniendo en cuenta la participación material del conductor y del propietario (y acompañante) de la camioneta F-100 y la “estructura de poder organizada en el Área Militar 132 para la ejecución del plan criminal de persecución y eliminación de personas opositoras al régimen”.
La declaración indagatoria que debe resolver el juez Bailaque, comprende “al exjefe de Personal y Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; al exjefe y el exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, respectivamente; el conductor de la camioneta Ford F-100 ante la cual impactó el Renault 4 conducido por Ponce de León y empleado de la firma Agropolo S.A, Luis Antonio Martínez; y el titular registral de la camioneta, directivo de aquella empresa, Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba a Martínez el día de los hechos”, figura en el escrito del Fiscal que accedió este medio.
En un párrafo el fiscal señala el cruce de correspondencia confidencial y secreta entre Landa “en su carácter de asistente directo del Jefe de la Unidad, intercambiada a partir de diciembre de 1976 entre el Jefe del área Militar 132 y del Batallón de Combate de Ingenieros 101 por el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, con la máxima autoridad de la dirección de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores donde queda evidenciadio “las operaciones de inteligencia que se estaban realizando sobre Monseñor Carlos Horacio Ponce de León y los integrantes de la Diócesis Nicoleña conforme se encuentra plasmado en la presente causa”.
Esa documentación reservada, que incluyó cientos de documentos entre ellos de la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, fue descubierta y desclasificada en su momento por el secretario de Culto nacional, Guillermo Oliveri, con su equipo y presentada junto al Canciller, Jorge Taiana, y luego con continuidad por Héctor Timerman.
El monseñor mártir sigue dando testimonio de su fe aún asesinado. De allí que Óscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la CEA, convocó en mayo a una comisión especial para recabar toda la información de la vida y obra de Carlos Horacio Ponce de León como pastor de la iglesia.
Amanece la verdad y cae la impunidad.
