El juez Bailaque demora la indagatoria a los imputados, militares y civiles, por el asesinato del obispo ocurrido durante la última dictadura.
Por Lucas Schaerer
“Que parezca un accidente”. Una frase legendaria que calza justo con la muerte de Carlos Horacio Ponce de León, uno de los pocos obispos argentinos que participó de un hito en la historia como fue el Concilio Vaticano II. Ocurrió en la mañana brumosa del 11 de julio de 1977, en la ruta nacional 9, cuando el Renault 4 que conducía impactó contra una camioneta Ford 100 cruzada premeditadamente en el camino, a la altura de la ciudad de Ramallo sentido a la ciudad de Buenos Aires.
La primera investigación judicial, en pleno proceso dictatorial, fue una fábula. Esa causa, que sentenció “accidente vial” fue anulada hace un año y medio por la Cámara de Apelaciones de Rosario y confirmada por el máximo tribunal penal como es Casación ante los numerosos elementos probatorios que demuestran que no fue un hecho fortuito sino que hubo un complot para asesinar al pastor de la diócesis de San Nicolás que entorpecía los planes del Terrorismo de Estado.
Matías Di Lello, fiscal federal de San Nicolás, en la causa caratulada “SAINT AMANT, Manuel Fernando s/ muerte por causa dudosa”, expediente 760000007/2011 en trámite ante al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Marcelo Bailaque, envió el pasado 27 de agosto lo que se conoce como pronto despacho. C5N accedió al documento judicial donde figura que “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que este Ministerio Público Fiscal, ha solicitado a V.S. que cite a prestar declaración indagatoria a las personas señaladas en el dictamen de fecha 10/07/24; es que vengo por el presente a requerir que tenga a bien resolver el planteo efectuado”.
El 11 de julio de este año, el fiscal Di Lello requirió la declaración indagatoria de tres exmilitares y de dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado de Ponce de León y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Víctor Oscar Martínez, acompañante de monseñor. Es Bailaque quien demora la indagatoria para el exjefe de Personal y Logística del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; el exjefe y exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, respectivamente; como al conductor de la camioneta Ford F-100 ante la cual impactó el Renault 4 conducido por Ponce de León, el empleado de la firma Agropolo S.A, Luis Antonio Martínez; y el titular registral de la camioneta, directivo de aquella empresa, Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba a Martínez el día de la tragedia.
El juez Bailaque había rechazado en febrero de 2020 la nulidad de la causa en dictadura al considerar que no había elementos que validaran la hipótesis de un crimen de lesa humanidad. Finalmente sus jefes, en Cámara y Casación, sí tomaron los elementos de prueba que habían permitido la reapertura de la causa en democracia, más precisamente en 2005, en ese entonces por investigación del fiscal Juan Pablo Murray acompañado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Además del espionaje, las amenazas y persecuciones sobre el apóstol de Jesús, como se los considera a los sacerdotes elegidos con el cargo episcopal, que era Ponce de León, fueron claves dos peritajes.
Por un lado, el peritaje realizado por el ingeniero y licenciado en accidentología y prevención vial, Jorge Geretto, quien mediante el programa PC-Crash elaboró un informe “tan sólido y categórico que pone en duda seriamente” los hechos que se habían considerado acreditados. Ese peritaje estableció -entre otros aspectos- que no hubo un choque entre la F-100 y el auto que conducía Ponce de León, sino que la camioneta se encontraba detenida y cruzada en forma transversal sobre la ruta al momento de ser colisionada, y que tampoco era tripulada, “pues el chofer y el acompañante de la Ford F-100 hubieran tenido mayores o iguales lesiones a las que sufrió Ponce de León”.
Otro de los peritajes ponderados por los camaristas y en casación fue el examen antropológico realizado en 2009 sobre el cuerpo de la víctima, que demostró la ausencia de “fractura y hundimiento de cráneo” que había sido descripta en la autopsia realizada en 1977, “lo que constituye otro elemento de sospecha que respaldaría la hipótesis de asesinato y que, por ello, se habría pretendido alterar, modificar y ocultar la información relativa a las causas reales del deceso de Ponce de León”.
Desde la querella, la sobrina del obispo, Marisa Ponce de León, afirmó a este medio que ante la demora del juez Bailaque por las indagatorias existe “un dato curioso” que apunta a los vínculos de poder del imputado Carlos Sergio Bottini. “Tiene una sobrina directa, Carola Bottini, quien se desempeña como secretaria letrada del juez Yacobucci en Casación Penal de Comodoro Py.
Además tiene un hermano, Atilio Bottini, ex integrante de la SIDE y personal de inteligencia en el Estado Mayor General del Ejército. Entonces nosotros nos preguntamos ante estos datos de curriculum de Carlos Bottini quien no se podría sentir inhibido en proceder. Sin embargo, esto le pedimos al juez Bailaque. Que proceda”, concluyó la sobrina de monseñor.
“Es imperativo que se realice el llamado a declaración indagatoria de los militares y civiles acusados”, sostuvo Julio Piumato y Maia Volcovinsky a cargo ambos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y conducción del sindicato de los trabajadores judiciales, conocido por su sigla UEJN, Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
Desde hace décadas Piumato, quien estuvo preso por activismo sindical durante la dictadura, acompaña a la comunidad nicoleña organizada en la Comisión Ponce de León integrada por laicos, sacerdotes, religiosas y militantes.
“Nuestra lucha es para que la justicia en democracia enmiende las actuaciones encubridoras de la dictadura, bajo la carátula de asesinato de lesa humanidad, y no como un mero accidente vial; y de esta manera, se llegue a la verdad. Es por eso que reclamamos que se resuelva el nuevo pedido efectuado por el fiscal Di Lello ante el juez Bailaque, dado el tiempo transcurrido desde que fuera presentada la primera solicitud”, aseguró Piumato.
Para terminar los dirigentes sindicales del ámbito judicial y creyentes católicos activos consideran que “monseñor Ponce de León, al igual que el obispo Angelelli y los Mártires Riojanos, reivindicados recientemente por el papa Francisco, son parte de los muchos sacerdotes, religiosos y laicos cristianos que pagaron con la cárcel y con su vida el compromiso con los pobres; y reflejan la presencia profética y liberadora de la Iglesia en nuestro país”.
