La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha iniciado un riguroso proceso de auditoría que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en los próximos meses.
Este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten continúen recibiendo este apoyo del Estado.
La auditoría, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está extendiendo a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. La revisión afecta a aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Criterios de suspensión
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas, principalmente relacionadas con la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
