“No nos van a sacar la dignidad de luchar. Los pobres tenemos dos caminos: agachar la cabeza o enfrentar los problemas”, sostuvo Miño junto a la líder de la Coalición Cívica ARI, el arzobispo porteño, ex funcionarios macristas y larretistas.
Por Lucas Schaerer
Elisa Carrió besó la mano de Fernanda Miño, la abrazó, le acarició la espalda y le dijo una cita bíblica: “Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece”.
Miño se emocionaba al escuchar a la líder de la Coalición Cívica ARI. La ex titular de la secretaria de Integración Socio-Urbana (SISU), el aérea para aplicar obras en barrios y villas tras una ley votada en el gobierno de Mauricio Macri, hace casi una semana atrás sufrió un cuestionado allanamiento a su casa en La Cava, la villa más grande del municipio bonaerense de San Isidro.
En ese procedimiento judicial-policial Miño, con sus hijas menores de edad, sufrieron golpes por parte de los efectivos de la policía bonaerense. “Elisa Carrió fue una de las pocas figuras de la política que en esos años se preocupó por la Cava”, reconoció la vecina con 50 años en la villa sanisidrense que fue catequista, trabajadora de domestica desde los 13 años, concejal en su distrito y que llegó a secretaria de Estado nacional en el 2019 a 2023 como militante del partido Patria Grande que fundó y lidera el abogado Juan Grabois.
Por su lado, el arzobispo porteño jorge García Cuerva, reivindicó positivamente la ley y las obras en las villas por parte del Estado que el gobierno nacional desfinanció y coincidió con Miño: “que un Estado que se retira aparece el Estado narco, por experiencia lo digo, en La Cava pasillo que dejábamos como catequistas ese pasillo lo agarraban los transas, ellos ejercen el poder de la violencia. También el retraso de las obras genera la invasión de Estado narco, que afecta a todos, incluso a los indiferentes”, aseguró Jorge Ignacio García Cuerva desde uno de los auditorios de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio de Puerto Madero.
En la charla “políticas que trascienden, políticas que transforman”, a seis años de la sanción de la ley 27.453 de integración socio-urbana, el presentador fue el director de la ong TECHO, Juan Maqueyra (ex funcionario titular del Instituto de la Vivienda en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta) y en la moderación el laico Pablo Vidal por Cáritas. Al final cerró el evento María Migliore, directora de la ong Fundar y ex ministra de Desarrollo Humano y Habitad porteño.
Entre los presentes estaba el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas, Carlos “Cacho” Tissera; pasando por el segundo de la arquidiócesis de Buenos Aires, Gustavo Carrara; el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone; los diputados nacionales Natalia Zaracho e Itaí Hagman, el militante Alejandro “Pitu” Salvatierra; el legislador porteño, Facundo Del Gaiso; el diputado nacional mandato cumplido, Fernando Sánchez, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo; dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi, el laico musulmán de Misioneros de Francisco, Alejandro Salomón; y el coordinador de Comunidad San’t Egidio, Marco Gallo; entre una decena de militantes sociales, políticos, estudiantes universitarios y profesionales.
En su ponencia Carrió apuntó a que la integración socio-urbana de las villas y barrios “debe convertirse en una política de Estado como es la AUH. Debemos lograr la escrituración de los pobres” y sumó que “debemos volver a la alianza de ricos y pobres que se rompió con el asesinato de Kosteki y Santillán. Porque fue para separar a los ricos y pobres” y auguró que si el gobierno de Milei “da una paliza electoral el año que viene van a derogar la Constitución, van por los tratados internacionales”.
Por su lado, Miño resaltó el programa “Mi pieza” que benefició a 25 mil familias y habló que más de 5 millones de personas viven en más de 6 mil barrios. “Las organizaciones sociales, los sindicatos, municipios, y gobernaciones todos formaron parte de esta política, que tuvo un comité colegiado, auditoria constante, porque sabíamos que venían por nosotros cuando cambiara el gobierno, porque en el fondo no nos perdonan usar los fondos del impuesto a las grandes fortunas”, a su lado estaba compartiendo panel Sebastián Welisiejko, economista y funcionario macrista encargado de la SISU.
Para cerrar Miño respondió al cuestionado allanamiento en su casa donde fue golpeada por la policía bonaerense: “No nos van a sacar la dignidad de luchar. Los pobres tenemos dos caminos: agachar la cabeza o enfrentar los problemas. Voy a seguir con mi familia, la política y con mi fe”.
El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires contó como conoció a Miño y su marido, Juan Carlos, al llegar a La Cava justo en el momento que se estaban cansando y luego se convertirían en sus vecinos. También el jerarca católico respaldó a la SISU “era la primera vez que empezábamos a darle protagonismo a los más pobres, era trabajar con los pobres, porque el Estado debe escuchar a la gente, los barrios tienen una lógica propia y allí es la presencia inteligente del Estado como dicen los curas villeros”. García Cuerva concluyó con su experiencia de recibir el certificado de domicilio: “Generó algo tan interesante, un orgullo. Cuidemos las cosas que hacemos bien los argentinos. Debemos cuidarlo entre todos”.
Fuente: c5n
