El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, dispuso una multa de $62.400.000 a la empresa PedidosYa.
La empresa había sido imputada en marzo por aplicar un cobro adicional en concepto de “tarifa de servicio” y pudo evitar la sanción, si dejaba de cobrar ese extra pero no lo hizo.
La provincia le ordenó a PedidosYa la devolución del dinero cobrado a usuarios y usuarias bonaerenses en concepto de “tarifa de servicio” y la supresión de ese costo adicional en sus contratos.
Además del gasto por envío, la empresa cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio” que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago.
Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios.
“No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si PedidosYa quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.
Una sanción con historia
En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas Rappi y PedidosYa por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos, que en ese entonces era el máximo permitido por la ley.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. En ese marco, la empresa Rappi fue sancionada en septiembre con una multa de 59 millones de pesos. Además, le fue ordenado retirar la “tarifa de servicio” y devolver a usuarios y usuarios de la Provincia lo cobrado por ese cargo.
En momentos de las imputaciones, se había detectado que las empresas no brindaban información detallada y precisa respecto a cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo. De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.
