Del 16 al 28 de febrero de este año, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) visitó Argentina. En ese marco, organizaciones de base, de la sociedad civil y de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron aportando datos sobre empresas que atacan los derechos humanos en nuestro país y principalmente en sus comunidades.
Este Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011 y promueve, difunde e implementa los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. También tiene el mandato de intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de los Principios Rectores, y de evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Sus miembros actuales son la presidenta, Pichamon Yeophantong, vicepresidente Damilola Olawuyi y Fernanda Hopenhaym, Sr. Robert McCorquodale y Elżbieta Karska.
En Argentina se realizaron reuniones y finalmente, el martes 28 de febrero por la mañana, una conferencia de prensa, híbrida presencial y virtual, para que todas las partes interesadas puedan escuchar las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo.
En un comunicado posterior a la conferencia, dejaron en claro que «las autoridades argentinas deben garantizar la protección de los derechos humanos en todas las actividades empresariales, especialmente en un momento en que éstas se consideran una posible solución a los problemas económicos del país».
«Argentina cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados. Sin embargo, hemos identificado una brecha significativa en la implementación y cumplimiento de los marcos legales y regulatorios en todos los ámbitos. Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos», afirmaron.
Durante la visita, las expertas se reunieron para debatir con representantes del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas y empresas privadas y estatales. Una de las integrantes del Grupo, Fernanda Hopenhaym, se mostró alarmada por «la invisibilidad que sufren las Comunidades y Pueblos Indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación».
El Grupo de Trabajo visitó Neuquén, Catamarca y Chaco, mantuvo reuniones con actores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
Desde Fundación Plurales venimos trabajando con las comunidades estas temáticas y en el comunicado el Grupo destaca, entre otras cosas, lo que venimos denunciando. “En el transcurso de su visita, el Grupo de trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se nos ha informado de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua limpia y potable (…) especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala (…) la carencia del agua ha sido exacerbada por la utilización de productos químicos que presuntamente están contaminando los cursos de agua locales. Estos problemas ponen aún más de relieve la falta de infraestructura adecuada que garantice a las comunidades remotas el acceso al agua limpia y potable en estas y otras provincias. En efecto, muchas Comunidades Indígenas de distintas provincias del país manifiestan con preocupación que sus territorios están en peligro no solo de ocupación, sino de destrucción de la biodiversidad por amenazas de distintas industrias. El Grupo de trabajo ha podido asimismo observar los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, nos preocupa la información recibida acerca de la presunta falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país (…) Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático”.
El informe final de esta visita, que incluirá los distintos hallazgos y recomendaciones finales, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2023.
