Dilemas y disputas en torno a la actividad minera en la meseta chubutense
Por Maximiliano Peluso
La problemática de los recursos estratégicos atraviesa hoy la discusión nacional, incluso el propio gobierno acaba de impulsar la discusión sobre el Litio desde una posición estratégica, incluyendo la porción del estado en el negocio minero. Pero las cosas no son tan fáciles de abarcar, aparecen muchos matices cuando se hablan de estas cuestiones que cruzan lo emocional, lo político, lo ambiental y el proyecto de país.
Desde hace tiempo la Provincia de Chubut viene atravesando un duro proceso de discusión en torno a un proyecto de ley sobre minería sustentable, el 128/20. Casi como en toda discusión de este tipo, hay siempre dos posiciones, los que están a favor, y los que están en contra, en el medio tan sólo un desierto. Pero la mayoría de las veces, estas cuestiones sensibles que hacen al desarrollo regional de provincias, municipios y pueblos, incluyendo la posibilidad de empleo, desarrollo de negocios, aumento de la recaudación estatal, etc., no son tan fáciles de encasillar en una especie de River – Boca ambiental.
Cómo parte de mi actividad profesional he tenido la oportunidad de trabajar sobre distintas cuestiones ambientales, desde agroquímicos hasta contaminación por metales pesados, y siempre las problemáticas tienen en común que son atravesadas por distintas dimensiones. Fundamentalmente, y la que más implicancia tiene es la del conflicto ambiental, que siempre se desata por una sociedad que teme ser “envenenada” por la actividad productiva. Pero en general, este conflicto se apoya más sobre mitos que sobre realidades concretas, muchas veces con datos muy relativos o con poca evidencia científica que dé cuenta sobre lo que se está denunciando.
El caso de Chubut no escapa a esta lógica, pero lo interesante es que la propuesta de ley impulsada tiene muchas aristas positivas, sobre todo, la incorporación del estado como contralor de todo el proceso, desde la instalación de la actividad industrial, hasta su retiro y el cumplimiento de la remediación de los pasivos ambientales que puedan generarse. Lo que no se entiende es que frente a la negativa de algunos sectores de no aceptar la minería no haya una propuesta superadora de actividad económica que de vida a las ciudades involucradas. A veces, la negativa pareciera ser una especie de “porque sí” emocional al cual nos oponemos por principio, pero con pocos datos, o con datos erróneos.
Generalmente es un choque de intereses entre quienes impulsan la actividad industrial, sea la minería o la agroindustria, y quienes se oponen por principio, siendo en muchas ocasiones partidos políticos minoritarios que levantan un conflicto, el cual no saben como conducirlo, o no tienen respuestas más allá del mero reclamo. Pero la falta de conocimiento es asombrosa, y lo que suele verse, para quienes hemos recorrido varias industrias, es que los procesos de las grandes empresas suelen estar muy controlados y cumplir con todas las normas internacionales. Son las pequeñas empresas, las que menos capacidad de invertir capital en los procesos de mejora ambiental las que suelen tener los mayores problemas a la hora de adaptar su producción a niveles ambientalmente tolerables.
Lo que no deja de asombrar en el caso de Chubut, como en el de tantos otros, es que requerimos siempre la presencia del estado para controlar, pero aún así, termina en un conflicto de oposición contra el propio estado, que necesita desesperadamente de una opción productiva que genere empleo y riqueza para el país. Después se puede criticar que parte de la riqueza queda para los argentinos, pero son dos discusiones diferentes. Porque lo que es innegable es que cualquier industria grande desarrolla a su alrededor una miríada de pequeñas pymes que viven y producen a la luz de estos grandes proyectos, por eso la oposición por la oposición no genera nada, salvo atraso y pobreza.
Hace aproximadamente un año tuve ocasión de trabajar en un estudio que se desarrollo en un municipio de la Provincia de Buenos Aires, en dónde existían denuncias acerca de que la actividad agroquímica había producido una gran cantidad de aumento de casos de cáncer en la población. Cuando llegamos allí, nos entrevistamos con distintos actores, tanto de la sociedad civil, la salud y del estado.
Cuando hablamos con el sector salud local, observamos que los datos eran fragmentarios, poco sistematizados, sin análisis epidemiológico que contuviera una serie que dé cuenta de lo que se denunciaba, pero, no obstante, decían que los “agrotóxicos” eran responsables del aumento de casos. Sin evidencia científica, informar estas cosas en una comunidad, más allá de tendencioso es irresponsable. De hecho, el equipo que participó del estudio se reunió con una asociación que ayudaba a todos los enfermos de cáncer a realizar los tratamientos a través de la articulación con el hospital municipal o los provinciales, y tenían una base de datos bastante pormenorizada de casos y tipos de cáncer. También se utilizó el sistema nacional de registro de cánceres para analizar la información disponible, y nada de esto dio como resultado una relación entre lo que decían algunos médicos locales y lo que se observaba epidemiológicamente.
Lo interesante, es que, en este lugar, existía un silo que constantemente liberaba partículas a la atmosfera, produciendo una gran cantidad de enfermedades respiratorias, y, muchas de las personas entrevistadas (ya que se hizo un relevamiento casa por casa) daban cuenta de lo imposible que era respirar. Pero esto no estaba pensado como problema, nadie lo problematizaba porque no era “marketinero” en términos ambientales.
Ahora bien, de parte del estado, existía, y existe una legislación impecable acerca de las formas de aplicación de los agroquímicos, los momentos del día, las distancias, el uso de las vías de acceso a la periferia para las máquinas fumigadores, y un control constante de las autoridades. Pero eso caía en saco roto, era más importante el conflicto, como conflicto político que la realidad.
Por eso, creo que lo de Chubut es como este caso, existe primero una construcción política de los problemas ambientales, y eso supera cualquier capacidad de análisis de la realidad. La evidencia científica, que podría dar cuenta de sí una actividad es perjudicial o no para la salud humana pasa a un segundo plano, y lo que se pone en escena es tan sólo una actuación de un conflicto de intereses políticos de base. Tal vez, va llegando el momento de empezar a actuar sobre estos conflictos desde una óptica más política, pensado sobre todo en el desarrollo nacional, pero sin descuidar las aristas del ambiente y la salud. Lo que no puede pasar, es que los funcionarios políticos accionen positiva o negativamente en función de las encuestas en lugar de tomar el toro por las astas y conducir el conflicto para dar tranquilidad a la población acerca de los riesgos y el manejo de los mismos.
